El decreto estatal de inmigración vulnera también el Estatuto de Autonomía de Andalucía

Así, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró que el recurso de inconstitucionalidad contra el reparto de inmigrantes que piensa hacer Pedro Sánchez es ya un hecho.

Eso sí, esta medida de la Junta no será obstáculo para que Andalucía haga lo que no tiene más remedio que hacer y se haga cargo de esos menores inmigrantes que lleguen en función de ese reparto y que se suma a los anunciados por otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Madrid o Aragón. Andalucía seguirá haciéndose cargo de esos inmigrantes parta así acatar la ley pese a que los recursos de que dispone están al límite y hay riesgo de que el sistema se colapse si llegan más.

De hecho, en la reunión celebrada ayer en la sede de Presidencia, el Gobierno andaluz dio el pistoletazo de salida a ese recurso que han estudiado durante semanas los servicios jurídicos. E inició los trámites para instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar las actuaciones necesarias para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias».

Se trata de un recurso que llega porque, según la portavoz, el Gobierno de España «invade competencias» con ese decreto. Además, como recalcaron ayer, el Gobierno «envía a menores pero se olvida de enviar los fondos para poder atenderlos».

De hecho, según la Junta de Andalucía, el acuerdo logrado entre Sánchez y Puigdemont para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña que ahora van a llevar al TC no solo podría ir contra la Constitución sino también podría vulnerar el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En cualquier caso, España recalcó que la Junta de Andalucía «se hará cargo» de esos menores porque «son personas», pero ha dejado claro que se necesita financiación para atenderlos como se merecen.

«Debe ser un reparto justo y solidario y el Gobierno no ha cumplido ninguno de esos criterios», dijo la consejera, que ha insistido en que no es serio por parte de un gobierno que se denomina progresista porque «el reparto no es solidario».

El recurso se basa también en que ese reparto establece unos 30 menores inmigrantes a Cataluña mientras que unos 800 serán enviados a Andalucía. Un reparto que fue muy criticado desde que se conoció hace algunas semanas y que todas las autonomías del PP han cuestionado ya que consideran que se hace para favorecer a Cataluña y ceder a las presiones independentistas a cambio de sostener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Un recurso que, según la Junta, pone especial énfasis «en la dignidad de las personas para que estos menores no sean tratados como mercancías».

Es un reparto que además «colapsa y revienta» el sistema ya que Andalucía «está al límite» porque atendió durante el año 2004 a un total de 2.615 menores inmigrantes y los recursos están al 96 por ciento.

Además, para el Gobierno andaluz, el reparto no puede ser impuesto y sin financiación adecuada para Andalucía, que «deja de percibir al año 1.500 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno de España en base al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas».

A ello hay que unir que el Gobierno de España ha colado o «metido por la puerta de atrás» a 634 menores bajo la apariencia de mayoría de edad de los que ha tenido que hacerse cargo la Junta de Andalucía. ¿Cuanto costarán a Andalucía el sostenimiento de esos inmigrantes que llegarán en función del nuevo reparto? Desde la Junta aseguraron ayer que tienen que hacer los cálculos.

Sin embargo la Junta solicitó 17 millones de euros por el mantenimiento de esos 600 menores con apariencia de adultos que les enviaron el pasado año 2024 sin que por el momento haya recibido respuesta para ello. Es decir, no ha recibido ni un euro por el mantenimiento de esos menores.

Por ello Carolina España destacó que además ese reparto «tampoco garantiza» una acogida humanitaria como se merecen estas personas porque el Gobierno de España envía a estos menores sin la financiación correspondiente para atenderlos. «Esto no es serio por parte de un gobierno que se autodenomina progresista», insistió la portavoz.

La Junta de Andalucía insiste en que la distribución de los inmigrantes que va a llevar a cabo el Gobierno central y que se ha conocido es de una «deslealtad absoluta» y que la distribución «no es proporcional» y entienden que su obligación es presentar el recurso de inconstitucionalidad.

Hay que recordar que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante una reciente comparecencia en el Parlamento andaluz tildó de «subasta de niños» el decreto aprobado por el Gobierno de España para el traslado de menores migrantes no acompañados a las distintas CCAA. Para la consejera, el Gobierno «trata a estos menores como mercancía para complacer a un prófugo de la justicia que impone su política en el país».

En este sentido la consejera recordó que el Ejecutivo «sigue sin querer saber absolutamente nada de los 605 menores migrantes no acompañados que ha metido en Andalucía por la puerta de atrás, bajo la apariencia de adultos». Y advirtió que el decreto aprobado el martes «blanquea lo que el Gobierno lleva haciendo muchos meses, ya que recoge que trasladarán menores, sepan o no sepan su edad», algo que López calificó de «auténtica barbaridad».

Tras conocerse el recurso, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, acusó a la Junta de ser un «brazo político de oposición» en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados fruto de la modificación legislativa pactada entre el Ejecutivo y Junts. «Debería aceptar la medida» porque, en palabras de Fernández, la «solución» no supone «agravios» entre comunidades autónomas.

Por su parte el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha aseverado este miércoles que le produce «vergüenza» que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno «trate como números y como mercancías defectuosas» a niños que llegan «sin familia» al territorio español como inmigrantes. Desde Vox consideran que el «mejor recurso» contra el reparto de menores migrantes no acompañados no es acudir al Tribunal Constitucional (TC), sino «no permitir que entren de manera ilegal» en España.